Un error, dos batallas perdidas

La crisis generada en estos días por la quita de pensiones por invalidez es un ejemplo contundente de cierta vocación del Gobierno por meter en su propio arco las pelotas que van afuera. Primero, con torpeza política y administrativa, instrumentó el recorte a quienes –según se verificó en diferentes testimonios- la cobraban con absoluto derecho. Y luego, cuando el tema ya había estallado públicamente, tartamudeó una justificación que, aunque con innegables elementos de verdad, resultó insuficiente. Al final, acorralado y corriendo para intentar recuperar una pelota que ya era toda de la oposición, recurrió a su estrategia de crisis favorita: anunció que daba marcha atrás con la medida.

Lo más grave, claro, es el error de gestión. Pero hay otro resbalón, tal vez no tan visible pero cierto, que el Gobierno debe asumir. Y es el de haber fracasado en poner al descubierto, con una claridad incontestable, los abusos que se esconden en la asistencia estatal.

Al final del día, y en un claro revés, digamos, dialéctico, se habla del horror de desamparar a quien necesita ayuda, y no de los miles que sacan ventaja de un sistema corrupto y clientelista.

Cuando la ministra Stanley intentó explicar la posición oficial, ya era tarde y medio cuerpo del Gobierno estaba en una arena movediza de la que era imposible escapar. No alcanzó el “estamos combatiendo a las mafias”, idea que tan bien parece sostener muchas de las medidas de la gobernadora Vidal; ni el ejemplo del pueblo cordobés “Guanaco muerto”, cuyo intendente, sin ponerse colorado, admitió: “Ha llegado mucha gente al pueblo para trabajar seis meses o un año y le hemos dado la pensión”, ejemplificando los excesos. A esa altura la batalla por la opinión pública estaba perdida y el costo se pagaba por duplicado: la medida empezaba a naufragar y la impericia ayudaba a consolidar y extender las voces acusadoras de falta de sensibilidad social. Doble derrota.

No deja de ser curioso que esto ocurra en una administración que construyó su propio mito alrededor de una supuesta originalidad en el estilo de hacer política y una inédita modernidad al momento de comunicarse (ningún otro grupo político tiene un asesor de la notoriedad de Durán Barba, a esta altura una celebritie mediatica). Y resulta interesante pensarlo de cara a lo que viene: el tiempo en el que el Gobierno deberá afrontar, según coincide la mayoría de los economistas, una delicada reevaluación de los gastos del Estado. Como prueba piloto, si se lo quiere tomar de esa manera, el episodio de la Pensiones fue un desacierto en HD.

Si Marcos Peña (¿acaso no es quien define la comunicación oficial?) y los suyos no quieren repetir la película de terror de esta semana, deberán preocuparse básicamente por dos cosas. Primero, claro, por garantizar la asistencia a quienes de verdad la necesiten. Y luego por algo no menos importante: dar a los innumerables excesos y abusos la suficiente visibilidad pública para que al momento de intervenir no sólo nadie dude de la legitimidad de las políticas, sino que su ejecución se convierta en un reclamo masivo. Asegurar, al fin, y si no resulta demasiado complejo, que primero se conozcan las razones que justifican una decisión, y no los errores que la invalidan.