Investigan por lavado la venta de un terreno entre Lázaro Báez y Cristóbal López

La Justicia investiga a Lázaro Báez y Cristóbal López por una operación inmobiliaria “que podría encuadrar en maniobras típicas de lavado de activos”, según denunció la diputada Margarita Stolbizer.

La investigación es por la transacción de un terreno de 3200 metros cuadrados en Comodoro Rivadavia que comercializaron entre ellos. El juez Sebastián Ramos impulsó una serie de medidas sobre la compra-venta de la propiedad bajo la sospecha de que podría responder a una maniobra de lavado de activos.

El magistrado solicitó, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, que el municipio de Comodoro Rivadavia entregue los títulos de propiedad y la documentación de cesión de un terreno valuado en un millón de dólares que vinculó a los dos empresarios K.

Asimismo, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si las empresas involucradas en la operación de compra-venta tienen algún Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y en tal caso “si se judicializó en algún momento”. También se pidieron todos los antecedentes de las empresas a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ).

¿Cómo fue la operación? En Comodoro Rivadavia, de donde es oriundo Cristóbal López, se realizaron sucesivas compraventas “en escasos meses de diferencia con sobrevaloración exorbitante de un inmueble”, denunció Stolbizer. 

Se trata de un gran terreno ganado al mar identificado como “Lote 1 de la manzana 61 A”, que cuenta con una superficie de 3200 metros cuadrados. Este terreno perteneció inicialmente a Servicio Integral Alem SRL, una firma de Lázaro Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.

Fue a fines de marzo de 2014, cuando en una reunión de socios, ya que Báez es dueño del 95% de las acciones y Jorge Bringas del 5% restante, firmaron un acta para aprobar un acuerdo con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (Expediente 2343- 5- 94).

A través de dicho convenio, la Municipalidad le permitió a Báez pagar el lote de 3200 metros cuadrados de una forma particular: el ejecutivo local cedería el lote a cambio de la realización de la obra de pavimentación de una calle en Comodoro Rivadavia. En total eran dos cuadras que fueron cotizadas por $ 875.454.

Según consta en la denuncia, el terreno se entregó a cambio de esta obra a una empresa que no se dedicaba a la obra pública “ni tenía los recursos materiales y humanos para realizar la pavimentación de una calle”.

Sólo un mes después, en abril de 2014, los dueños de Servicio Integral Alem SRL, acuerdan ceder los derechos sobre el inmueble, argumentando que necesitaban fondos para “las actividades de la empresa”.

En junio de ese año aparece en la operación Cristóbal López. La firma Inversora M&S SA (investigada por no pagar a la AFIP junto a OIL Combustibles 8.000 millones de pesos), compra el terreno por 1.000.000 de dólares. El pago inicial fue de 600.000 dólares y el saldo a los se pagaba a los 6 meses o cuando el municipio entregaba el título de propiedad definitivo.

Así, la empresa de Báez celebró el acuerdo de cesión con una sociedad de López. El boleto se firmó el 11 de junio de 2014 y en él consta que el municipio vendió el inmueble y que como forma de pago, la empresa de Lázaro Báez “ofreció la ejecución de una obra pública y que la misma había sido completamente ejecutada”.

El escribano que certificó la operación fue, una vez más, Ricardo Leandro Albornoz que se encuentra procesado con López y Báez por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces SA. 

La sospecha de la diputada del GEN es que detrás de la venta habría una operación de lavado. López y Báez están procesados por ser parte de una asociación ilícita -junto a Cristina Kirchner- dedicada a maniobras de "blanqueo" a través de la actividad hotelera y teniendo como delito precedente, los fondos provenientes de la obra pública.

Por un lado el dueño del Grupo Austral fue el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz: 52 contratos por 46.000 millones de pesos. El dueño del Grupo Indalo, es investigado por utilizar indebidamente impuestos impagos para capitalizar deudas de sus empresas, defraudando al Estado. La suma del dinero que no pagó a la AFIP es de 8.000 millones de pesos.

“Estos vínculos entre los empresarios junto con los Kirchner tienen como contrapartida un crecimiento patrimonial en estos últimos años en forma abrupta”, denunció la líder del GEN.