El pacto de San Isidro, la última oportunidad para acordar con el peronismo racional

Los gobernadores del oficialismo y la oposición acercaron la primera condición al Gobierno para negociar un presupuesto para 2019 que acomode las cargas bajo el principio del esfuerzo compartido: que se aparte de la promesa hecha al FMI de que habrá transferencias de competencias a las provincias sin los fondos respectivos. La carta de Olivos para empardar ese reclamo es la suelta de fondos que viene del acuerdo con el FMI. No le basta, porque esa receta financiera no remedia el déficit del sistema político, que compromete a oficialismo y oposición: la falta de perspectivas de futuro ante una elección como la del año que viene, que pone en suspenso la confianza de los inversores y del público. La falta de futuro es la carencia central de la dirigencia, algo dramático porque lo único que justifica el rol del político es la producción de ese recurso inmaterial, escaso, aunque renovable, que es el futuro. Para lograr la sustentabilidad del actual proceso, el Gobierno se ha resignado a aceptar la propuesta más vieja del ala acuerdista, de un pacto de largo plazo en torno a una agenda compartida, pero pagada también con un reparto de los recursos. Discutir la revisión de las transferencias sin fondos, y el pánico a la falta de sustentación del sistema, animó el primer encuentro entre la mesa política de Gobierno con el peronismo racional, por llamarlo de alguna manera. Se hizo el martes por la noche en un recoleto comedor del conurbano VIP, en uno de los clubes de rugby más tradicionales de San Isidro, en una convocatoria hecha por el oficialismo.

Condición: que no haya giros a las provincias sin los fondos

Ocurrió bajo el secreto que suele embozar a los acuerdos en la Argentina, un país en donde aparecer pactando es un signo de debilidad. De a uno se sumaron a una cena más que frugal los delegados más altos de cada sector: Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y, fugazmente – llegó a los postres, debido a una situación personal que debe atender – Emilio Monzó. Del otro lado, estaban Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa. Este grupo venía de una previa en la Casa de Entre Ríos, adonde vieron el triunfo de Argentina sobre Nigeria, acompañados por el diputado Pablo Kosiner, que maneja el bloque del peronismo federal o justicialista. De esa mesa traían la demanda más seria, que es la de impedir las trasferencias a las provincias de programas de obras y servicios de salud y educativos pero sin recibir los fondos respectivos. Para sostenerla, alzaron la presión para que los distritos de Larreta y Vidal pasen a pagar los subsidios que sostienen hoy los negocios de agua y electricidad (Aysa, Edenor y Edesur). En la minuta del FMI, el Gobierno se habla de una reducción del 74% de las transferencias corrientes a provincias entre 2018 a 2020, algo así como $32.000 millones. También impusieron otra condición: que se revise la promesa de reducción del gasto de capital, que se prevé llegue al 81%, y que afecta a obras de Energía, transporte, educación, vivienda y obras de saneamiento. Estos reclamos van a ser discutidos en el proyecto de Presupuesto. La iniciativa original de Frigerio fue cambiar el método tradicional de confeccionar la ley de leyes, que consistió siempre en un trabajo técnico en el Ejecutivo y después llevarlo al Congreso para negociarlo con los legisladores. La nueva hoja de ruta supone que funcionarios de Hacienda e Interior discutan con una comisión integrada por ministros de Economía provinciales, el destino de cada partida y el ajuste al que se las someterá. Ese proyecto después será bajado al Congreso con la pretensión de que se lo vote casi a mano alzada. Un presupuesto-acuerdo impensado para la tradición criolla. Esta manera de confeccionarlo desbarata el reclamo cristinista de que el Congreso debata el memorándum firmado con el FMI. Lo rechazan el Gobierno y el peronismo racional.

Reparos al acuerdo con el FMI

Desde la noche del martes, también en la máxima discreción, un grupo de ministros provinciales trabaja en las planillas sobre las cuales se hará la distribución de cargas, recortes y compensaciones. Entre ellos están Osvaldo Giordano, Córdoba; Hugo Ballay, Entre Ríos; Roberto Gattoni, San Juan. Los asiste la mesa de economistas que arbitra Diego Bossio en Diputados. Hay plata para hacer un reparto con beneficios mutuos. Pero también un mandato de restricciones generales, para que se cumplan las metas de baja del déficit. El plan supone no distraer el proceso en la discusión de otras leyes, que habría que reformar si se cumple a la letra lo firmado con el FMI. Uno es el método de canje de las Lebac por otros títulos que deben ser, por la ley de administración financiera, más ventajosos en monto, tasa y plazo para el Estado. O se vigila esa mejoría o se modifica la ley. Otra norma en capilla es el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, la caja que guarda los dineros de las jubilaciones futuras. El programa con el FMI habla de un uso de hasta el 0,4% del PBI. Para hacerlo hay que revisar la legislación vigente, así como para vender las acciones de empresas que tiene ese Fondo del Ansés, heredero del sistema de las AFJP. La autorización para realizar estos papeles se aflojó en la última ley de reforma, pero hay restricciones. Hoy el valor de esas acciones puede llegar a los US$4.000 millones. Una tentación.

Sin cesión de poder no hay cambio posible

El acuerdo supone un reparto de roles de manera de ponerlos en igualdad de condiciones para competir en las presidenciales de 2019. En un rapto poco usual de realismo, deciden ahora repartir no sólo dinero sino también poder. No hay cambio real en una sociedad sin concesión de poder de los protagonistas a los otros. Las divisiones que atraviesan a Cambiemos y al peronismo blanco, por llamarlo de alguna manera, los indisponen para competir con chances, y han acordado en la necesidad de superar el impulso de energía negativa que los ha llevado a donde están hoy: liderazgos discutidos, profundas disidencias de programa y desafíos fieros en los distritos decisivos en una elección nacional. El acercamiento llega después de dos años y medio de resistencia de la Casa de Gobierno de sentarse a negociar una agenda de largo plazo. Acordar en la Argentina, país envenenado por la intransigencia, es signo de debilidad. Pero sólo se sale de la debilidad con un reparto leal de poder, aunque sea poco el que tienen en sus manos. No hay proceso de cambio exitoso que no pase por la generosidad en la administración del poder entre quienes están en el juego. Roque Sáenz Peña cedió poder en 1912 al promover un sistema electoral de avanzada en todo el mundo. Tanto, que su partido nunca más pudo ganar una elección. Pero sirvió como pocos en la historia a una sociedad que aún hoy vive, 100 años después, de los beneficios del voto universal secreto y obligatorio.

Los 8 pilares del Plan Productivo

A las partes les urge la necesidad. En alguno de los extremos de la charla del martes Vidal llegó a decir que hay que evitar “un 2001 político”. Schiaretti le agregó nervio al evocar los tiempos de Domingo Cavallo bajo el menemismo, cuando se hicieron traslados de competencias sin fondos a las provincias. Algo parecido había expuesto el viernes anterior Gerardo Morales en la mesa de los gobernadores de Cambiemos: “Con esas transferencias sin fondos volvemos a los 90, cuidado”. En el encuentro se conjuraron a caminar juntos para preparar un lanzamiento de una mesa nacional para el acuerdo nacional, que tanto se demora. Pichetto y Ernesto Sanz lo propusieron en enero de 2016 como Acuerdo del Bicentenario. No prosperó por la resistencia del Gobierno a aparecer en la foto inoportuna junto al peronismo. Al Gobierno le reprochan falta de futuro; a la oposición, que se deja tentar por una alianza con el cristinismo (ocurrió en la votación de tarifas). Ante eso han buscado un acuerdo en el que se juegan su destino. Algo adelantó Peña al día siguiente en el informe al Senado. Propuso un Plan Productivo Nacional de ocho puntos, o pilares, según la expresión que empleó: 1) reducir el costo del capital, 2) mejorar el capital humano y la productividad laboral, 3) ejecutar un plan de infraestructura y energía transparente y federal, 4) fomentar la innovación y la tecnología, 5) bajar impuestos y tener una estructura impositiva equitativa y eficiente, 6) impulsar la competencia y combatir los monopolios, 7) integración inteligente al mundo y 8) simplificar la relación del Estado con las empresas y los ciudadanos. Como venían de cenar pocas horas antes, Miguel Pichetto saludó la iniciativa con un énfasis poco usual en él: “Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo articulamos entre el Gobierno central, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y los gobernadores, que tienen responsabilidad de gobierno, un proyecto de presupuesto que pueda reflejar una reducción razonable y equilibrada, en el contexto integral del país, que no lesione al interior en beneficio de la centralidad del AMBA. Que tenga inteligencia, que sea razonable y que cuide lo social, que son los objetivos que el Gobierno ha planteado públicamente. En ese camino nosotros vamos a aportar; el desafío es trabajar en ese camino y para eso hay que construir un diálogo serio, fundamentalmente con los hombres que gobiernan cada una de las provincias argentinas. Hay situaciones muy delicadas y hay otras que están bien administradas, que vienen con un criterio de administración muy ordenado. De todas maneras, este proceso requiere de una construcción política del conjunto de la dirigencia argentina para poder abordar temas estructurales que son de fondo. Y tenemos que demostrarle al mundo y al país que podemos hacerlo”. Mejor será que lo logren; si no, no habrá futuro para nadie.