Toma de tierras en Guernica: los que se “rindieron” y los que dicen que se quedan “como sea” a cuatro días del desalojo

“Por ahora estamos en nuestra casa, día y noche, porque hay poco lugar y la gente se agolpa. Y si va a haber desalojo... no sé qué voy a hacer. Me quedo en la calle. Y eso no va a pasar”, le cuenta a Clarín María Franco. Habla de un futuro más que cercano. El miércoles. ​Y esa casa es una casilla, a fuerza de maderas y bolsas de residuos negras, en la toma de tierras de Guernica.

En este predio no hay cuarentena por el coronavirus. Quizás esta parte del sur bonaerense sea la única en la que se vivan tantas escenas “prepandemia: mucha gente y casi ningún tapabocas. El miedo es otro: que saquen a las 2.500 familias que se asentaron en esas 100 hectáreas en julio.

Como las construcciones no tienen más de 2 metros de altura y no existen las paredes entre sí, nada frena el viento en estos campos. El mate, compartido, calma los 10 grados de este sábado a la mañana. Pero el clima está tenso. Y dividido. La “grieta”, aquí, se da entre los que se rindieron y saben que se quedarán y los que avisan que van a resistir.

Según un dictamen al que tuvo acceso Clarín, el juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó el "allanamiento para el lanzamiento" -como se define jurídicamente al desalojo- que deberá concretarse el 23, 24 y 25 de septiembre "en horario diurno y en condiciones climáticas favorables", y que estará a cargo de la Policía Bonaerense.

Faltan cuatro días para un operativo en el que, entonces, podrá usarse la fuerza policial. Pero Noelia Gómez, de 37 años, está preparada. “Nadie se va a ir de acá, este lugar está deshabitado desde la década del 50. ¿Se lo vamos a dejar a los políticos para que sigan haciendo plata? Es nuestro y no nos vamos a ir porque no hay donde ir. No nos dan solución. Acá se va a bancar la casilla como sea”, le dice a Clarín ​durante una recorrida por el predio.

Su historia es difícil. Tiene cinco hijos, su marido murió y los hijos de él, de un matrimonio anterior, se quedaron con la casa donde vivían. “Todavía no me censaron. Pero eso no sirve para nada. Nadie debería irse porque si aflojan nos perjudican a todos”, detalla, sobre quienes ya aceptaron lo que parece inevitable.

Walter Benítez tiene la misma edad que Noelia y está a menos de 5 metros de ella, justo enfrente. Los divide una tanza de jardinero atada a cuatro lados y que oficia como medianera. Son buenos vecinos. Pero él es uno de los que se va a ir.

“No me voy a enfrentar con la policía. Voy a volver a lo de mi hermano, si es que el miércoles nos sacan y no nos dejan que paguemos, legalmente, por un lugar acá”, dice.

Su historia es diferente a la de muchas personas en Guernica. Es soltero, no tiene hijos y, hasta el jueves, tenía un trabajo en blanco.

“En los últimos meses volví a trabajar en la empresa de construcción. Antes, me pagaban el ATP así que cobraba todos los meses eso del Estado. Pero el jueves me llamaron y me dijeron que mande el telegrama urgente. Nos obligaron a todos a renunciar.” Al no poder pagar el alquiler a su hermano, en Lomas de Zamora, se enteró de la toma y decidió instalarse.

“Yo, al ser hombre, puedo manejarme para irme. Pero acá hay muchas mujeres con muchos hijos. No creo que se vayan el miércoles”, afirma.

Facundo Martínez, de 22, no piensa igual. “Yo me quede y me voy a seguir quedando. Cómo acá las condiciones son malas y no tenemos luz todavía, mi mujer y mi hijo están en lo de mi suegra y yo me la banco acá. Voy a agarrar mis cositas e irme cuando todos estemos seguros, no en la calle”, dice a Clarín. Está desempleado.

La intendenta del partido de Presidente Perón, Blanca Cantero​, definió esta semana su postura. “No hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo”, dijo y agregó que en el marco de las usurpaciones "hay organizaciones que se montan arriba de la necesidad de la gente".

Cantero se refirió así a la toma de un predio de cerca de ​90 hectáreas​ en su municipio. “Las tierras son privadas y una empresa estaba haciendo un desarrollo”, subrayó.

Guido G. es propietario en esa zona Guernica. Un pequeño bosque separa su casa de la toma. Es dueño de parte de los campos usurpados. “En julio arrancó con 200 familias, hicimos la denuncia, habían robado el alambrado y los palos. Después, tuvo que venir el Grupo Halcón a sacar a otras personas que estaban en mi propiedad. La situación es angustiante y muy compleja. Noches donde se escuchan tiros, es una toma esto. Ya habían hecho un censo y ahora están censando de nuevo. La orden de la Justicia ya está”, detalla a Clarin.

El pedido del desalojo fue hecho por el fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, y avalado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones platense. En el acuerdo por el desalojo se decidió que no se imputará a quienes acepten dejar el predio de manera voluntaria para aliviar la tensión que se vive en el lugar.

El lunes pasado por la noche, una joven de 22 años fue detenida tras constatarse que formaba parte de una banda que ofrecía en las redes sociales lotes del ​terreno tomado​ en Guernica por un valor de $ 50.000.

Su detención no fue la única por el mismo delito. Dos semanas antes, un remisero identificado como David A. también fue apresado por ofrecer lotes a través de internet. En su caso, la Policía Bonaerense llegó a él tras una venta que sí fue concretada. En el allanamiento a su casa se encontró el boleto de compraventa, con fecha del 30 de julio.

La modalidad es simple y, a la vez, ilegal. Según las autoridades, este grupo delictivo se aprovechaba de la necesidad de la gente de tener una vivienda y le ofrecía, a cambio de una suma de dinero, una cesión de derechos de posesión del supuesto lote, lo cual no implicaba la propiedad del terreno, que fue divido en partes iguales tras el comienzo de la toma. 

“Nadie pagó por nada acá. Somos gente que no tiene adónde ir y vinimos acá. No hubo organización ni negocio. Corrimos y nos agolpamos como pudimos”, le dice a Clarín Lucia Martinez (66). Se queja de que quedó “encerrada”. Su casilla está rodeada por otras cuatro construcciones igual de precarias. Para salir, en caso de que a futuro se levantaran ladrillos en vez de bolsas, tendría que pasar sí o sí por la vivienda de sus vecinos.

“Pasillo no va a tener, porque esto ya se habló, tenemos asambleas en el predio. Y no puede ser así, siempre debería haber pasillos. Es que nosotros queremos que sea un barrio, no una villa”, explica Laura, que también es Martínez pero no es familiar de Lucía.

“Acá te vas a encontrar a todos con el mismo apellido. Martínez, Fernández, Gómez, González”, bromea. Clarín notó estas coincidencias, tan marcadas, en algunos casos hacían dudar de la verdadera identidad de los habitantes del predio.

“Acá estamos desde el primer día, en julio, y nos vamos a quedar. No queremos enfrentamiento pero acá va a haber aguante”, dice Diego González, uno de los delegados de la toma. Trabajaba en carga y descarga de camiones y se quedó sin trabajo en junio. Su casilla, donde vive con Cecilia y sus cinco hijos, está casi a la entrada del predio, muy cerca de Bogado y Patagones, donde hace días están apostados un móvil y un patrullero de la Bonaerense.

A la casa de Guido G., el propietario, y a la casilla de Diego, que se asentó sin escritura, solo las separan unos 300 metros.

Mabel, que es empleada doméstica y madre soltera de una nena, también se rindió. “Acá somos tres familias, en este cuadrado chiquito (como describe a la tanza de medianera que, en ese punto, alberga tres Casillas en menos de unos pocos metros cuadrados). Yo cobro la asignación por hijo, como muchos acá, pero no alcanza y trabajo, que desde hace poco me llamaron de nuevo. Lo intenté, pero sí el miércoles nos sacan no quiero tener problemas legales”, asegura.

SC