Con piquetes, una comunidad mapuche busca frenar un negocio inmobiliario de Ginóbili

Una comunidad mapuche armó un piquete en tierras del Emanuel Ginóbili en villa La Angostura con la intención frenar un lujoso proyecto inmobiliario. El emprendimiento se desarrolla en un sector de bosques nativos y para llegar hasta allí se debe cruzar por la propiedad del jugador de la NBA. La comunidad mapuche Lof Paicil Antriao se instaló en el espacio del deportista con el propósito de retrasar el avance de las maquinarias con las cuales se están haciendo los caminos que desembocarán en el loteo.

El proyecto se levantará a orillas del lago Correntoso en una zona de imponente belleza. Los mapuches indican que los territorios les pertenecen desde 1900. Alegan que existen documentos firmados por el presidente Julio Argentino Roca donde se los reconoce como habitantes ancestrales. Los indígenas explican que no quieren construir casas para ellos sino preservar una zona considerada muy delicada por las autoridades de conservación del propio municipio local y la provincia misma.

“(Decidimos) poner en resguardo territorial el sector de nuestro territorio que denominamos PIChUNKO – Ladera Correntoso, que actualmente está siendo fuertemente castigada de forma incriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, informó la Confederación Mapuche de Neuquén.

El sector a explotar por el fideicomiso Lago Correntoso tiene 87 hectáreas será divido en 22 parcelas. De acuerdo a lo que pudo averiguar Clarín el terreno será utilizado para la construcción de viviendas residenciales así como también cabañas, casas de campo, departamentos y albergues.

Aunque la zona está dentro de la categoría Roja (el máximo nivel de conservación), producto de la crisis económica y social dejada por las cenizas del volcán Puyehue en 2011, el Concejo Deliberante dio el visto bueno aquel año a una ordenanza que daba prioridad a un grupo de proyectos inmobiliario. Algunos se diseñaron sobre áreas protegidas con bosques nativos que custodia la ley.

En 2015 el exministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya impulsó una resolución que permite, por decantación, urbanizar la tierra hoy en conflicto. La normativa del 2015 indica que en los lotes “por sobre la cota 900 y por debajo de la cota 1000 y superficies menores a 2,5 hectáreas se regirán por la Carta Orgánica, decretos, ordenanzas y normas complementarias municipales, al igual que los situados entre la cota 1.000 y 1.100 menores de 2 hectáreas”. En decir, la última palabra la tiene el municipio local.

La Confederación Mapuche se opone a este salto a la Ley de Bosques originado por una situación única en la historia de la villa.

A la discusión se sumó Greenpeace que envió una misiva al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y al ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman. “(Queremos) expresar “nuestra profunda preocupación por el avance de un desmonte ilegal en Villa La Angostura, en la costa del Lago Correntoso y sobre la ladera del cerro Belvedere, para un desarrollo urbanístico sobre 87 hectáreas de bosques nativos (Categoría I – rojo), donde según lo establecido por la Ley Nacional de Bosques (26.331) está prohibido deforestar (artículos 14 y 19)”, indica la carta de Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización internacional.

“(Según) han difundido diversos medios periodísticos, el desarrollo urbanístico habría sido aprobado por el gobierno de la provincia de Neuquén desconociendo dichas normativas nacionales. Solicitando que como máximas autoridades en la materia cumplan y hagan cumplir la normativa vigente”, agrega.

Los abogados de la comunidad Paicil Antriao interpusieron un Habeas Corpus para impedir que las fuerzas policiales pudieran expulsarlos del bloqueo. La situación es delicada pero no se han generado situaciones de violencia, confirman fuentes neuquinas.

Desde la provincia y la justicia de Neuquén pretenden que el tema se solucione pacíficamente. “Hemos llamado a una reunión de las partes para este viernes. Será una instancia de diálogo para tratar de avanzar hacia una instancia de mediación. Si hay acuerdo trataremos de encontrar formas de resolverlo e incluso se podrán llamar a otros actores por fuera de la comunidad para que participen”, indicó a Clarín el fiscal general de la provincia José Gerez. “Creemos en principio que hay buena voluntad”, acotó el fiscal.