Guerra abierta por la Magistratura y una extraña alianza anti reelecciones

Contra reloj, o el Apocalypse Now de la Justicia

El Consejo de la Magistratura le pedirá este lunes al Congreso que discuta una nueva ley que modifique su integración, de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte que reclama respeto al "equilibrio" de los estamentos que lo integran. Esa norma debe estar sancionada antes del 15 de abril porque, de acuerdo con el tribunal máximo, desde esa fecha todos los actos serán nulos. Eso implicará un Apocalypse Now del sistema judicial, porque no se podrán ni pagar los sueldos de los magistrados.

La situación convoca a las razas que animan el retablo político: los apocalípticos, hoy identificados con el oficialismo, según los cuales la Justicia es una porquería que debe reformarse con una revolución que no eluda la guillotina, amplíe los tribunales, fusione fueros y jurisdicciones, y haga una purga sobre "mesas judiciales" y los caciques del "lawfare".

Para ellos la orden de que el Consejo puede caducar en su funcionamiento si no se adapta a la nueva ley es maná del cielo: se acaban los juicios en curso sobre exfuncionarios y se allanan todos los plazos judiciales que gravitan sobre la política. Esa comunicación contará, si la aprueban los consejeros, un reclamo para que el Congreso, en caso de reponerse en abril la ley vieja, designe un cuarto senador y diputado. Será una pelea designarlos porque hay quienes creen que ya corresponde uno al PRO (Senado) y otro a la UCR (Diputados).

Una ley puente para salvarse del plazo de la Corte

La etnia de los normales, que abundan en todos los partidos, confía en que la vía de una nueva ley es el camino más razonable para que desde el 15 de abril se modifique la integración con la cláusula del equilibrio. Podría ser una ley "puente" que reglamente la transición entre el estado actual y la realidad política, que hace que en noviembre próximo caduquen los mandatos de los actuales representantes.

Una ley puente evitaría que se elijan representantes de abogados dos veces, una para salvar el dead-line de abril y otra para los nuevos mandatos desde noviembre. También queda abierto el debate, sin nueva ley, a la posibilidad de que los abogados y jueces, que aumentan su representación, sean elegidos esta vez según los resultados de las elecciones de 2018. Eso beneficia a algunos y perjudica a otros. En el estamento de los jueces, debería corresponder a la lista Bordó (esencialmente independiente, pero con mejores relaciones con Juntos por el Cambio).

El fallo pide que estén representadas todas las instancias de ese poder, lo que incluiría a la Corte y no sólo a jueces de primera instancia o federales del interior. La idea de una ley negociada para no volver a los 20, pero aumentar de 13 a 17, puede acercar posiciones. El peronismo se aseguraría 9 como mínimo (y el quórum propio), Juntos por el Cambio tendría 6 representantes y quedarían independientes en función bisagra.

“No hay mucho que aclarar", dice la Corte

La iniciativa de reclamar una nueva ley le pertenece a Pablo Tonelli, representante de la oposición de Juntos por el Cambio, y la avala Graciela Camaño, del peronismo. La diputada, además, mocionará para que el Consejo exija al poder Ejecutivo que incluya el tratamiento de una nueva ley de jueces, en el período de sesiones extraordinarias.

Hoy el Congreso tiene una prórroga de las sesiones ordinarias, es decir que no legisla sino sobre las iniciativas que propone el Ejecutivo. Hay que agregar que en enero hay feria judicial y eso alcanza al Consejo, que es el responsable del Reglamento para elegir a los representantes. Es, además, una ley compleja que requiere mayoría especial de votos, 129 diputados y 37 senadores.

Estas comunicaciones de la Magistratura son producto de un debate interno que este lunes llega al plenario, pero que se adelantó el miércoles pasado en una audiencia de la comisión respectiva, con representantes de los estamentos que integran el Consejo -los colegios de abogados, representantes de académicos y de gremios de jueces-. Todos coincidieron en que es imposible que en 120 días (que incluyen 30 de una feria judicial) se pueda convocar a elecciones y se cumpla la demanda de "equilibrio" de la Corte.

Hasta ese día existía la posibilidad de que se le pidiera a la Corte una “aclaratoria”, pero nadie la hizo en las dos primeras horas del miércoles. “No hay mucho que aclarar”, me dijo un juez de la Corte cuando lo consulté sobre esa posibilidad.

Un punto de encuentro

La confianza en que la vía de una nueva ley es posible descansa en la cercanía que hay entre los dos proyectos para modificar el Consejo, y que son anteriores el fallo de la Corte. Uno es de Tonelli, que data de 2017 y nunca fue tratado por el Congreso. El otro lo envió el gobierno de Alberto Fernández en las horas previas al fallo del Supremo, y propone ampliar el número de integrantes de 13 a 17. El proyecto busca las coincidencias, porque se inspira en el del opositor Tonelli.

La cercanía de las iniciativas de Tonelli, que recibió el apoyo de expertos y asociaciones profesionales, en el momento de su presentación y la del Gobierno, alimenta la posibilidad de que haya nueva ley antes del abril. Las discusiones son de detalles, aunque no triviales. Tonelli propone, por ejemplo, que los académicos sean elegidos en una elección nacional de los profesores de Derecho, y no sólo por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Este es una liga de rectores en donde el peronismo domina por la miríada de universidades creadas en los últimos 20 años, muchas de ellas en mano de eternos rectores-organizadores que perpetúan las reelecciones como barones del Conurbano. Otra modificación que propone Tonelli es que los representantes del Congreso y de la Corte no sean ni legisladores ni jueces del Tribunal, sino sus delegados. Esta modalidad persigue despersonalizar la representación.

¿Quién te abre el Congreso?

El consejero del oficialismo Gerónimo Ustarroz se comprometió en la sesión de comisión del miércoles, a sondear con el Ejecutivo la inclusión del proyecto en la minuta de las extraordinarias. Ustarroz pertenece a una de las familias gobernantes -es hermano de Wado de Pedro- y eso reviste de seguridad a todo lo que dice. Reabrir el Congreso non es cosa fácil, después de la última sesión sobre Bienes Personales. Una diputada no pudo sesionar porque dio Covid positivo.

¿Qué ocurrirá si un legislador está de viaje de vacaciones y lo llaman, de rompe y raje, a sesionar? Puede dar positivo. La idea de la oposición es plantearle esta semana a Sergio Massa que, si hay convocatoria a extraordinarias, se hagan con em tiempo necesario para que se respeten los protocolos de aislamiento de contagiados y que no haya un recorte del número por Covid.

Ya se discuten los nombres

El peronismo se retuerce con la idea de que desde abril el presidente del Consejo sea Horacio Rosatti, uno de los jueces designados a propuesta de Mauricio Macri. En la integración "equilibrada" que propone la Corte y los proyectos de ampliación de la representación sectorial, el Senado y Diputados suman, cada cual, un nuevo integrante por las terceras fuerzas.

En el Senado, es el PRO y el puesto ya lo ha pedido Luis Juez, más que interesado en actuar en esa comisión. En Diputados el representante debería ir, en caso de esa ampliación, para la UCR. El último representante del partido por esa cámara fue Mario Negri. Quedó afuera como producto del primer entendimiento del pan peronismo de la cámara, que en noviembre de 2018 juntó a las tribus de ese partido para que la silla del radicalismo fuera para Graciela Camaño. Aquel entendimiento fue el primer paso de la reunificación del peronismo, que cristalizó en la fórmula Fernández & Fernández en 2019.

Un desafío para las normales

La faena no es sencilla porque, objetivamente, el oficialismo está en contra de la Corte y el fallo de la Corte se acerca a las demandas de la oposición. Con esa meteorología es difícil acercar soluciones para construir equilibrios -el que reclama la Constitución y el que interpretan el Congreso y la Corte-. Es un desafío para los normales del planeta de la política, que parece un planeta de anormales que se apartan de las reglas de las verdades primarias.

¿Hay normales en el oficialismo de los Soria y los Mena? Si los hay, no se meten, como Gustavo Beliz, con leyenda de normal; se metía, pero ya no se mete en el tema. ¿Vilma? Es preparada y talentosa, pero cursa como estalinista, defiende al Gobierno más allá de la razón.

Alexander Hamilton se preguntaba en El Federalista -relectura obligada en tiempo de crisis- sobre el defecto en los órganos perceptivos de los políticos para ignorar las verdades primarias de la vida social, cuando esos mismos individuos respetan sin chistar los principios, por ejemplo, de la geometría. Ese desorden del entendimiento los aparta de los axiomas de la ética y de la política:

"Que no hay efectos sin causa; que los medios deber ser proporcionados al fin; que todo poder debe ser conmensurado a su objeto; que no debe haber limitación de un poder que tiene por finalidad lograr un propósito que en sí mismo no admite limitación", (Cap. XXXI, lo firma Publio, seudónimo de Hamilton, en El Correo de Nueva York el 1° de enero de 1788).

La Argentina de la intransigencia y el restauracionismo fomenta los discursos apocalípticos, aunque la sociedad los rechace y los arrincone en los extremos del dial. El consenso está en el centro, que soporta, paciente, los efectos de esos discursos extremos; sean del liberalismo que propone cambiarlo todo en un día en un país que hace 70 años tiene inflación y que hace 20 está default, como si fuera un absurdo que se arregla aplicando el sentido común; o del trotskismo que tiene bancas en el Congreso, y sus legisladores cierran todos los discursos pidiendo, modestamente, la revolución social y la asamblea general revolucionaria que socialice los medios de producción.

Jugando con fuego

Para la salida del intríngulis de los jueces bastará con que los normales se sienten, como lo hacen cuando reparten plata según el presupuesto o según el Consenso Fiscal. Ahí son todos más que razonables, como lo es el pueblo al votar, que nunca se equivoca. En la última semana del año hay otras oportunidades para probar la aspiración negociadora, que es la médula de la política.

La más conocida se ventilará en las próximas 48 horas en la provincia de Buenos Aires. La oposición a las reelecciones de los intendentes está cerca de juntar los 31 votos para evitar el tratamiento sobre tablas de una venia para que los alcaldes tengan un tercer mandato. Esa discriminación positiva junta lo injuntable: vidalistas, cristinistas y massistas, que leen encuestas que afirman la simpatía del público por el veto a las reelecciones. Seguramente ese apoyo es un capítulo del rechazo del público a los políticos -se reelijan o no- que hay en la Argentina y en el mundo; les sería mejor no menear tanto esos sondeos, en defensa propia. Juegan con fuego. Enfrente hay peronistas, radicales y macristas que querrían les dejen completar su obra revolucionaria.

La sesión está citada para el martes al mediodía en La Plata. Se discute también el presupuesto, y Axel Kicillof está más que preocupado por que no se le crucen los cables. Encima tiene hasta fin de mes para renovar la silla del director del Banco Provincia que le autorizó la oposición para que esa entidad funcione con alguna normalidad. Corre el riesgo de extender la excepcionalidad de su gestión por otro año más. Se salvaría si aplicase alguno de los axiomas que recuerda Hamilton.

Atajos canallas ante encerronas canallas

Hay quienes esperan que Mauricio Macri se expida sobre ese asunto, después del silencio de Horacio Rodríguez Larreta, que ampara en su gabinete al primo Jorge, uno de los intendentes que se salva del veto, porque pidió licencia antes de cumplir los dos años del segundo mandato. Un atajo irreprochable, pero canalla, aunque busca enfrentar el veto, que es también una cláusula canalla: tratar de impedir la perpetuación en el poder castrando el sistema, cuando en realidad lo que debería hacer la política es desactivar los mecanismos de perpetuación, que se radican en simplezas como el abuso de poder desde el cargo. Las reelecciones perpetuas, en todo caso, son la consecuencia de causas que estas leyes no tocan, diría Hamilton.

Con el juego no se juega

También se espera un pronunciamiento de Macri -que este lunes hará una aparición por “zoom” desde La Angostura en la cumbre de comandantes de Cambiemos- en otro entuerto que tiene menos exhibición. Es el cisma en Juntos por el Cambio por la legalización de las apuestas on line en Córdoba, su lugar en el mundo. Esta semana se trata el proyecto que presentaron legisladores de Juntos por el Cambio y que apoya, pícaramente, la administración de Juan Schiaretti.

El asunto del juego es cuestión disputada, pero para Macri no es algo inocuo. La desactivación del juego es un compromiso histórico con Elisa Carrió y con la Iglesia. Macri presidente cumplió y desactivó buena parte del juego en la CABA, algo que continuaron Larreta y María Eugenia Vidal entre 2015 y 2019 en la CABA y la provincia. El responsable de esa tarea era el asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón. Con el cambio de gobierno ha sido objeto de un empapelamiento judicial al que respondió refugiándose en el Uruguay. Si el PRO rompe ese acuerdo de fondo, amenaza con el cisma del que se salvó Cambiemos en las peores crisis cuando gobernaban.