Reforma judicial en terapia e interna energética entre Matías Kulfas y Martín Guzmán

El internismo hunde la reforma judicial

El filo que divide las miradas se llama PASO. Si mirás hacia atrás, ha pasado un año de las primarias que pusieron al peronismo en el camino del poder. Si mirás hacia adelante, te queda un año para poner en orden los papeles y darle sustentabilidad a este proceso. Todo lo que hacen los políticos es mantener las coaliciones unidas, para ir a elecciones en condiciones de pelear el futuro. El Gobierno no puede trasladar a la gestión el principal activo de aquel triunfo del 11 de agosto de 2019: reponer la unidad y ganarle ese voto no peronista -sindicado en Cambiemos- que le había hecho perder elecciones durante 10 años. No ha podido monetizar ese activo con más poder. La cúpula sigue siendo una suma de tres debilidades que anula, hasta ahora, la posibilidad de modificar las relaciones de fuerza de diciembre pasado.

Este fin de semana, Juntos por el Cambio contabilizó 130 bancas de diputados para rechazar el tratamiento de la reforma judicial. Con 129 tendrían quórum para una sesión especial, con 130 voltean el proyecto que tiene previsto aprobar el Senado este jueves. Un resultado penoso para un Gobierno que ganó las elecciones por unos 8 puntos en la presidencial y la bonaerense por casi 14. Aparece inmovilizado para proyectos estructurales en el Senado, porque no llega a los 2/3 de los votos; y en debates odiosos, la oposición le congela Diputados.

No es magia ni una maldición gitana

El Gobierno es rehén de una disputa por el control interno de la coalición, que desangra a los protagonistas. La oposición entiende que tiene que permanecer unida contra viento y marea -y eso que los sufre desde adentro y desde afuera- y que no tiene que discutir liderazgos. Es una comandita horizontal. En 2015 esa oposición de hoy ganó por poco más de 2 puntos las nacionales. En seis meses había partido al peronismo en dos en el Senado, y en tres en Diputados, y sentaba a la liga de gobernadores peronistas a discutir plata con Rogelio Frigerio. Guste o no, su método de negociación desde una fuerza de minoría -en votos y en bancas legislativas- funcionó.

Hoy el peronismo no puede quebrar esa unidad de la oposición, que, en cuanto se distraen, suma fuerzas. En el Senado, Juntos por el Cambio agregó el bloque federal de Juan Carlos Romero. En Diputados, para frenar la reforma judicial, ha sumado al frente crítico a los socialistas, los lavagnistas y pueden ser más si te das un paseo por el barrio chino: es como se llama en el Congreso al que integran los legisladores con las defensas bajas, sin techo, sin reelección y que funcionan como cuentapropistas de la vida.

Abusos en la primavera del autoritarismo

El peronismo sigue dividido por su incapacidad de apartar de la agenda del interés público, la presión de algunos socios, como Cristina, que busca estatizar su interés particular y convierte su defensa en el objetivo de toda una gestión. Para tomar aire, el Gobierno busca una salida con recetas de intendente de pueblo, que cuando están con el agua al cuello, cambian el sentido del tránsito en las calles y el recorrido de los colectivos. Enloquecen a todos los vecinos.

El propósito de proyectos como la reforma judicial es poner a los sectores en comisión, es decir suspender el andamiaje legal que los defiende, y hacerlos bailar al ritmo de la emergencia. Se ayudan con la peste, que ha disparado una primavera del autoritarismo. Ahora le ponen lavandina a la cláusula sobre las presiones "mediáticas" a los jueces, y explican que no piden sanciones a la prensa. Que es apenas una recomendación a los jueces para que vayan a terapia en el diván del Consejo de la Magistratura. ¿Para qué lo hacen? ¿La observación de Cristina sobre Parrilli -que el país escuchó en audios indiscretos- será un diagnóstico, más que un insulto? El objetivo político de la iniciativa es poner no solo a la justicia en un virtual estado de comisión. También poner a la prensa en comisión.

La fantasía del poder de los negocios sobre la política

La misma intención encierra el DNU del viernes que congela los precios de la conectividad, y les impone un regulación extraña al negocio en todo el mundo -la tiene Perú y alguna otra comarca del continente negro, así se llamaba a África cuando éramos chicos-. Es sentar a los medios a discutir sus negocios como si fueran tarifas, que es lo que encierra esa declaración del teléfono, internet y el video cable como servicios públicos esenciales. Extiende los beneficios de esa calificación a la señal Venus; la decisión tendría que complementarse con otro reclamo de los adultos mayores: viagra gratis desde el PAMI. No es broma: fue bandera electoral en España hace algunos años.

El peronismo tiene virtudes estratégicas, como entender que si no permanecen unidos se los comen los de afuera. Pero sostiene patrañas con una confianza inconmovible. Por ejemplo, creer que la política depende de la economía y que para gobernar hay que tener el apoyo del mundo de los negocios. La historia enseña que los empresarios se acomodan a las condiciones de la política como el agua a una acequia. Su objetivo es hacer plata, y por eso aplauden a quien haya que aplaudir, sin dramas de conciencia. Son materia para Carlos Marx, no para Sigmund Freud. Creer que su destino depende de los empresarios es un error de los políticos. Néstor Kirchner decía en 2003, ante de asumir la presidencia: quiero tener con los empresarios el mismo acuerdo que Menem tenía con ellos.

No ha hecho experiencia el peronismo, con procesos que desmienten esa hipótesis. En 1997 Graciela Fernández Meijide le ganó las elecciones en Buenos Aires a Chiche Duhalde, que era la candidata de su marido, gobernador entonces de Buenos Aires y el avisador más importante de la Argentina después de la Coca-Cola. ¿Fue por el apoyo de los empresarios y las corporaciones? ¿O fue por la política? Es la política, estúpido, no la economía.

La patria financiera se queda con la energía

El Gobierno, de un plumazo y con la convicción de los conversos, sacó a la industria de la energía de la patria productiva (ministerio Kulfas) y se lo entregó a la patria financiera (ministerio Guzmán). Estas contradicciones no matan a nadie, pero señalan el poco aprecio que les tienen los políticos a sus propios discursos. El peronismo ha montado su existencia misma en el combate a la patria financiera y especulativa, y en su defensa de la producción y el trabajo. Pero no se le corrió el rimel para privatizar, declarar la convertibilidad en los años '90, luego borrarla en 2002, o producir un ajustazo padre en diciembre, apenas asumieron los Fernández, que afeitó unos $ 5.000 millones del gasto en la ley de emergencia.

Esas zalemas honraron los altares de la especulación financiera, del mismo modo que no se inmutó Macri cuando repuso el cepo cambiario, sistema brutal de control de cambios, contra el que había campañado con éxito para ganar la presidencia de 2015. El pase de la secretaría de Energía del ministerio de la Producción al de Economía la justificaron el viernes en que todos los planes oficiales sobre la industria energética tienen que ver con inversiones estatales, y subsidios, y que esos movimientos tienen costo fiscal. Por eso deben salir de la competencia de Matías Kulfas -que reporta a Olivos y no al Patria- y dárselo a la patria financiera -Martín Guzmán- que reporta, para algunos, al Instituto Patria. En la vida todo tiene costo fiscal, y con ese argumento Guzmán debería ser jefe de gabinete, o presidente.

Cambian de caballo en medio del río

Este pase es un eslabón más de la trama que enfrenta en el Gobierno a privatistas y estatistas en el área de los hidrocarburos. Ocurrió en medio de la presentación del plan Gas 4, un programa de promoción con subsidio del Estado. Tiene el apoyo de todos los empresarios y los gobernadores, en acuerdo casi mágico que cerraron Kulfas y el subsecretario de Combustibles Juan José Carbajales. Sobrevino después de un round a favor de los estatistas, que lograron aprobar en el Senado un DNU que habilitaba al pago de subsidios, heredado del gobierno de Macri, en 30 cuotas. Se había pagado una en diciembre y Kulfas tenía ya presupuestado el pago de siete cuotas más. La anulación del DNU golpeó a las empresas, que se sentaron a escuchar durante dos semanas que el Gobierno revisaría la decisión, y reemplazaría la política de subsidios con el Plan Gas 4, apalancado por un fideicomiso de USD 5.000 millones.

La conversación con los sectores avanzó con tropiezos. Primero, se suspendió una semana el lanzamiento oficial. El jueves Carbajales presentó el plan a las distribuidoras y el viernes por la mañana, a las petroleras. Más de una treintena de directivos discutieron mejoras al plan y avanzaron hasta en un mecanismo para que el Gobierno haga pagos por adelantado de esos subsidios, para asegurar el flujo de caja a los productores. Estos adelantos, calzados en el fideicomiso, tendrían que estar atornillados en el proyecto de presupuesto 2021, que Guzmán tiene que enviar al Congreso el 15 de setiembre. Todos miraban el reloj con ansiedad, esperando que Guzmán apareciera en escena para opinar sobre un tema que, es cierto, tiene una impronta fiscal inevitable.

En la tarde del viernes los representantes de las provincias de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) tenían que sumarse al debate. Les suspendieron la cita con un cañonazo:

1. El área de Energía pasa a Hacienda.

2. El nuevo secretario será el diputado Darío Martínez, en reemplazo del misionero Sergio Lanziani, un destructor serial de padrinazgos (Carlos Rovira, Alberto Fernández, Cristina).

Martínez es de Neuquén, es decir que es diputado por Vaca Muerta. Nunca va a dejar caer la promoción de ese yacimiento, porque se juega su carrera política. Se alegran los neuquinos. Los empresarios creen que eso lo convierte a Martínez en defensor del plan Gas 4. El resto queda abierto, y todos vuelven a quedar cautivos de otra pelea, entre los caciques del tridente que conviven a los codazos en la coalición de gobierno, un serpentario de internas, que no tiene un rumbo definido en el manejo de la energía, sector clave de la recuperación de la economía. El Gobierno ha perdido los primeros ocho meses con un secretario de Energía que estaba pintado, y el sector depende de un clinch que enreda a cristinistas, albertistas y massistas.

Entre la oportunidad y el abismo

Esta semana se sabrá si sigue Carbajales como subsecretario de Hidrocarburos y si prospera el plan Gas 4. El marco es éste:

1. Guzmán no es un hombre que entienda el mundo empresario ni menos la energía.

2. Visita más al Instituto Patria que a Olivos.

3. Comparte con Alberto que debe haber tarifas sustentables. Hoy, un litro de nafta es más barato que un litro de leche.

4. La matriz energética implica un drenaje del insumo más escaso en la Argentina, el dólar.

Durante el mandato de Cristina llegó a costarle USD 14.000 millones al año de importaciones. Ha escuchado los argumentos de Miguel Galuccio, que orbita entre oficinas de negocios y despachos políticos, con el dilema energético. El país, ha dicho, está entre una oportunidad y un abismo. Y en el medio le queda un sendero de apenas 30 centímetros por el cual transitar. La oportunidad es dar seguridad a Vaca Muerta para convertirla en el gran proveedor de dólares. El abismo es volver a importar hidrocarburos desde el año que viene.

Galuccio es el petrolero que más ha hablado con Guzmán y con Cristina. Como todas las cuestiones que caen la bajo competencia del solitario Guzmán, entran en estado de seminario académico. Es el formato con el cual ejerce el cargo. Es un intelectual y tiene que vérselas con los políticos. El nuevo secretario es un neuquino que sabe de energía, y es un político. El político pone por delante sus objetivos de poder. El intelectual busca la estética de los conceptos. El político puede no entender, pero decide. Después veremos si bien o mal. El intelectual primero quiere entender, y después de que entendió, decide. Muchas veces tarde.

Desafío a la oposición por el DNU anti-medios

El Gobierno trata de quebrar a la oposición con llamados a que se sienten en las bancas para tratar proyectos simpáticos. No hay protocolo vigente para sesiones remotas, y menos para temas que no tengan que ver con la peste. Con tan poco, la oposición logra tenerlo al Gobierno con la espalda sobre la lona. El nuevo intento oficial es la convocatoria para este lunes de la comisión de los DNU para aprobar el congelamiento de las tarifas. La oposición tampoco irá y judicializará la movida. Los citaron el sábado a las 14 a una sesión de esa bicameral para este lunes. Dicen que no es reglamentario y además que, sin protocolo, no asistirán. El Gobierno justifica ese DNU en que las empresas pidieron aumentos sin aceptar un escalonamiento de ahora hasta marzo. El impulso se parece a un escarmiento del sector cristinista, pero le abre otro frente de pelea al Gobierno. El sector de las comunicaciones suele ganar estas batallas, porque tiene mejor estrategia y expresa, aunque el peronismo lo niegue, a sectores del público que lo respeta como vocero del cuarto poder.

Avísenles a los mexicanos

Algún asesor le recomendó a Alberto que le avise a algún inversor amigo, como es Carlos Slim, sobre las razones de este DNU. O por lo menos al mexicano Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Slim es el dueño de Claro, y rompió con el gobierno de Cambiemos porque entendió que no protegía sus intereses. Nos sea que ahora crea que también van por él. En 2017 la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo que obligaba a esa telefónica a pagarles a sus trabajadores unos $ 1.700 millones por aportes previsionales, tras un conflicto por encuadramiento. Slim se enteró cuando la sentencia ya estaba firme que los abogados de los telefónicos habían sido, entre otros, hombres ligados a Cambiemos, como Ricardo Gil Lavedra y Carlos Lipera. Una tarea profesional de abogados comprometida antes de ser gobierno. Slim creyó que Macri habría podido hacer algo, y tomó represalias. Amenazó con suspender inversiones en la Argentina y canceló la asistencia a la cumbre de la OMC de aquel año, que incluía una delegación de primer nivel de ese grupo, y las actividades culturales complementarias como exposiciones de esculturas de Rodin, etc.

Ahora, la trama de la vacuna encarrila la agenda de Alberto hacia Slim. Por la sociedad de Olivos con el tercerista AMLO parecía que íbamos hacia Puebla, que alberga a ese PAMI de populistas jubilados, condenados y emigrados. Pero al final del día, parce que estamos viniendo de la Casa Blanca, donde alberga Donald Trump. Allí estuvo hace un mes el presidente de México junto a Carlos Slim, financista de la formidable producción de la vacuna contra el bicho maldito, que tiene a la Argentina como socio relevante. Un respirador, para usar un léxico de moda, para una administración acosada por la burguesía, hastiada de una odiosa cuarentena. Trump homenajeó con una cena al mexicano junto a un seleccionado de empresarios de los dos países. Allí Slim pudo comprometerse a participar del consorcio que integra Estados Unidos como "funder" de la vacuna Oxford.

Los negociadores de ese acuerdo, el canciller Mike Pompeo y el yernísimo Jared Kushner, de un lado, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard del otro, pudieron acordar que la vacuna debía panamericanizarse, por lo menos hacia Canadá y México. Una manera de asegurarse una burbuja geográfica que contuviese agentes de contagio entre los tres países. México agregó otra condición: que la fabricación de la vacuna se les encargase a laboratorios no mexicanos. ALMO libra desde que asumió, una guerra con los laboratorios de su país, a los que acusa de cartelización de precios y de otros delitos. Como respuesta dispuso que las compras estatales de medicamentos se hicieran a laboratorios extranjeros. Slim, que integra un grupo de opinión y de negocios con Hugo Sigman, pudo proponer las instalaciones que tiene éste en la Argentina, que están entre las mejores del mundo.