Así banca el Gobierno a los mapuches violentos

Hay tres ministros del Gobierno nacional que miran para otro lado ante el pedido de auxilio de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por un nuevo recrudecimiento de ataques de grupos mapuches en su provincia.

Dato crucial: la gobernadora venció en las PASO y le sacó 10 puntos al Frente de Todos, que quedó tercero.

Uno es Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Carreras pidió fuerzas federales para controlar los ataques y Aníbal respondió que no las enviará: “Siempre la forma es hablando”, contestó.

Está clarísimo: un gendarme no se le niega a nadie, salvo que lo pida el adversario.

Aníbal pide dialogar con encapuchados que en una semana prendieron fuego una oficina pública en El Bolsón, incendiaron un depósito de Vialidad, dañaron patrulleros, apedrearon a automovilistas en la ruta y atacaron a cuidadores de un camping (de una comunidad mapuche pacífica), además de tener tomadas tierras de Parques Nacionales desde hace cuatro años con el argumento de que una chica de 16 años de su comunidad tuvo un sueño: que sus tierras son ésas, y por eso deben afincarse allí.

El segundo ministro es Juan Cabandié, titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de donde depende Parques Nacionales.

Igual que Aníbal, Cabandié también llamó al “diálogo” pero fue más allá: en el juicio por la usurpación ilegal de tierras, retiró al Estado como querellante.

Es decir, el tema pasó a ser una discusión entre privados: mapuches que quieren quedarse allí porque una adolescente lo soñó y vecinos que denuncian usurpaciones. Como si fuera un problema de medianeras.

El Estado afuera, aunque las tierras son suyas y gran parte de los objetivos incendiados también.

El tercer ministro es Martín Soria, de Justicia.

Él tiene algunas razones más para hacer la vista gorda. Una es que Carreras es su rival política en la provincia y lo venció por casi 20 puntos en 2019, cuando compitieron por la gobernación.

Esto a pesar de que Soria había juntado un buen dinero para la campaña: durante los 8 años en que fue intendente de General Roca, les retuvo un "peaje" del 6% mensual a los sueldos de los 38 funcionarios que nombró en la Municipalidad. La plata, que cobraba cada mes en cash y en negro, era destinada al "proyecto político del doctor Soria".

La compañera de la fórmula perdedora, junto a Soria, era la senadora Magdalena Odarda, quien ahora es casualmente la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que depende justamente del Ministerio de Soria.

Odarda es una ex militante del ARI de Elisa Carrió que fue expulsada del partido y se unió entonces al kirchnerismo provincial, al que se fue acercando sin pausa su compañero Soria.

La guerra entre la gobernadora Carreras y la titular del INAI empezó a crecer luego de que Odarda les facilitara a los movimientos mapuches cientos de hectáreas en la provincia, además de una ladera del cerro Otto en Bariloche, lo que hizo tronar al intendente local: “Entregan tierras desde Buenos Aires y por acá ni aparecen”.

El segundo de Odarda en el INAI es Luis Pilquimán, a quien la Junta Vecinal Villa Mascardi acusa de asegurarles provisiones a quienes ocupan tierras.

Pilquimán (que también depende del ministro Soria) es tío de Lucas , el recordado Testigo E que afirmó haber visto cómo un grupo de gendarmes se llevaba a Santiago Maldonado, algo que nunca sucedió: el artesano se ahogó mientras trataba de escapar.

Aquel grupo mapuche de Chubut involucrado en el caso Maldonado estaba a las órdenes de Facundo Jones Huala -ahora preso en Chile-, y mantiene vínculos con los grupos violentos de Río Negro que en estos días replican sus métodos de incendiar propiedades.

Uno de los personajes que se repite en ambas historias es Matías Santana, aquel "mapuche de los binoculares" que también había mentido en el caso Maldonado acerca de cómo los gendarmes se llevaban al joven que nunca salió del río.

Santana reaparece ahora en algunas acciones de Villa Mascardi.

El vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, fue procesado por un juez federal de Bariloche por llevar gente a la toma de Mascardi en una camioneta oficial.

Es un funcionario nacional apoyando a un grupo que usurpa tierras y daña bienes del Estado nacional.

Pero para el Gobierno es un funcionario que funciona: a pesar de las tormentas políticas de las últimas semanas, él sigue firme en su cargo.