La AGN auditará el destino de los millonarios fondos que usó el Gobierno para gasto social en la pandemia

La Auditoría General de la Nación (AGN) controlará este año, por primera vez desde la pandemia, el destino de los “1.500 millones de dólares” del gasto social que administra el Ministerio de Desarrollo Social, anunció su titular, Jesús Rodríguez. También se controlarán los gastos del Ministerio de Salud y la ANSeS.

Mientras tanto, el bloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para que la AGN también audite, en particular, a las organizaciones sociales que reciben ese dinero público.

Desde la crisis del 2001 hasta la fecha, las organizaciones sociales como el Movimiento Evito o Barrios de Pie crecieron exponencialmente.

Además, hoy sus dirigentes son, a la vez, funcionarios del Gobierno. Por ejemplo, administran unos 1.500 comedores sociales en todo el país, entre otras actividades.

Ante estas iniciativas, el dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Institucionales de la jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, dijo a Clarín: "Bienvenido todo control siempre y cuando no paralice el funcionamiento de las organizaciones sociales”.

Estas propuestas se conocieron luego de que Transparencia Internacional registrara un retroceso de la Argentina en su encuesta sobre percepción de la corrupción.

Mientras el diputado de Juntos por el Cambio, Alvaro De la Madrid, estimó el gasto social total en "1.500 millones de dólares".

Clarín el domingo precisó que en enero pasado el Gobierno giró $ 17.459 millones a programas presupuestarios que se encargan de la distribución de planes sociales. Se trata de planes para políticas alimentarias o de creación de empleos para los sectores más vulnerables.

Además, las transferencias a solo esas dos áreas específicas del Ministerio de Desarrollo Social representan una erogación de $ 605 millones por día y, en sólo un mes, ya equivalen a casi un 8% del gasto previsto para todo el año.

Esos datos precisos surgen del análisis del sitio oficial Presupuesto Abierto, dependiente del Ministerio de Economía.

Jesús Rodríguez dijo que esa auditoría “forma parte de los objetivos del plan de acción de este año que incluye analizar las compras y contrataciones derivadas del Covid-19”.

Durante 2020, el Gobierno permitió por decreto las compras directas, es decir sin licitación, ante la emergencia del Covid-19 y la mayoría K de la AGN no quiso auditar las adquisiciones en tiempo real.

Al mismo tiempo, en esa definición aprobada por el cuerpo de auditores “está incluido la auditoría del Ministerio de Desarrollo Social” agregó Rodríguez en declaraciones al programa “Dato sobre Dato” de radio Milenium.

“Sé que ante la pandemia una de las decisiones que se tomó en el Ministerio de Desarrollo Social fue transferir la responsabilidad de la adquisición de los insumos para la atención alimentaria a organizaciones de la sociedad civil”, comentó.

Pero aclaró que “no tenemos registro efectivo de que eso se haya decidido y tampoco tenemos informes de la auditoría que hayan analizado el tema pero está claro que si eso hubiera sido así, los mecanismos de control se debilitan aún más.”

En abril pasado, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó a 14 funcionarios por una compra de 534 millones de fideos y arroz con sobreprecios y se abrió una causa judicial que tiene el fiscal Sergio Rodríguez.

Por otra parte, el diputado De la Madrid y otros legisladores de la oposición presentaron aquel proyecto para hacer rendir cuentas a las organizaciones sociales de los fondos públicos que reciben.

De la Madrid dijo a este diario que “buscamos poner orden al festival de subsidios sin control y establecer pautas para acceder a estos problemas que deben ser controlado por la AGN”.

Para el diputado de Juntos por el Cambio “hay que evitar que dirigentes como Juan Grabois administren miles de planes sociales como quieren”.

De la Madrid estimó que el gasto social total en Argentina “es de cerca de 1.500 millones de dólares” anuales y pedirá datos específicos al Gobierno sobre el conjunto de programas de este tipo.

El proyecto de ley también fue firmado por Atilio Benedetti, Gustavo Menna, Luis Pastori, Fabio Quetglas, Estela Regidor, Roxana Reyes, Gerardo Cipollini, Ximena García, Gonzalo del Cerro, Claudia Najul, Gabriela Lena, Jorge Vara y Aída Ayala.

También lo suscriben Jorge Enríquez, Alfredo Schiavone, Omar de Marchi, Graciela Ocaña, Héctor Stefani, Dina Recinovsky, José Luis Patiño, Pablo Torello, Julio Sahad y Alberto Asseff.

La iniciativa propone que estarán sujetas a los controles de la AGN “las asociaciones sociales, organizaciones de la economía popular y empresas autogestionadas” que reciban fondos públicos y se dediquen a la implementación y gestión de políticas públicas en materia social.

El proyecto de ley establece que los miembros de los cuerpos directivos de las organizaciones sociales “deberán ser mayores de edad, no tener inhabilidades e incompatibilidades civiles ni penales, su mandato no podrá superar el término de cuatro años y no podrán ser reelegidos”.

“Serán personal y solidariamente responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieren incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de sus funciones en dichas entidades”, agrega.

Precisa que no podrán integrar esas comisiones directivas “las personas que perciban sueldos, honorarios, viáticos o comisiones de otra asociación civil o social o cargo rentado por el Estado Nacional”.

Tampoco podrán integrarla “los procesados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la comisión directiva, asociación civil , u organización social”.

El proyecto estipula que las compras y contrataciones que realicen estas organizaciones “deberán efectuarse por licitación pública o por concurso privado de precios, con intervención y registro del Ministerio de Desarrollo Social”.

En los fundamentos del proyecto se pone como ejemplo de la disparidad de derechos laborales a “la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Juan Grabois”. Y sostiene que Grabois “descalza a los miembros de su agrupación, del sistema laboral vigente, que tutela la protección de los trabajadores”.

Consultado Fernando "Chino" Navarro sobre este proyecto, dijo que “bienvenido todo control siempre y cuando no paralice el funcionamiento de las organizaciones sociales o nos descalifique tratándonos de piqueteros o clientelista”.

Remarcó que “hoy hay tranquilidad social, en medio de la crisis y la pandemia, gracias a nuestras organizaciones” que administraban unos 1.500 comedores sociales.

Precisó que los planes sociales “como la Asignación Universal por Hijo (AUH) los reciben directamente los beneficiarios, igual que otros programas como Potenciar Trabajo, etc. No los administramos nosotros”.

Dijo que, en general, “el Ministerio de Desarrollo Social reparte comida seca, nosotros nos encargamos de comprar, hacer y repartir comida caliente, entre otras tareas”.

Para Navarro desde el 2001 a la fecha, “las organizaciones sociales ocuparon el vacío que dejaron los sindicatos y los partidos cuando la pobreza en la Argentina llegó al 40 por ciento”.