La seguridad en Puerto Madero y las villas 21-24 y Zavaleta pasan a la Policía de la Ciudad

El cinturón comienza a desabrocharse y la seguridad en el sur de la Ciudad de Buenos Aires cambiará de manos. A partir de marzo, en Barracas y Puerto Madero empezará a verse más el bordó de los uniformes de la Policía de la Ciudad y menos el beige arena característico de Prefectura.

El principio del fin del “Operativo Unidad Cinturón Sur” y el traspaso de la prevención en esos barrios se da en medio de la disputa entre Nación y Ciudad por la quita de recursos para la fuerza porteña y una escalada de violencia en las villas Zavaleta y 21-24, que en los últimos 14 meses registraron más homicidios que en los cuatro años anteriores, según datos oficiales.

En esa zona fue donde el jueves a la noche cuatro ladrones mataron al ex suboficial retirado de la Policía Federal, Alfredo Poggetti (66), durante una entradera frente a su esposa en Río Limay y California. Los atacantes escaparon hacia el asentamiento y siguen prófugos. Después del crimen, los vecinos salieron a denunciar una gran cantidad de asaltos en el barrio y, de hecho, Poggetti, tenía previsto mudarse a la Costa por la inseguridad.

El puntapié fue el 1° de febrero con una reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, en la que se fijó para marzo el retiro de los prefectos de Puerto Madero y Villa Zavaleta. En una segunda etapa, aún sin fecha, la Ciudad absorbería el despliegue en la 21-24, según pudo saber Clarín.

El tema Puerto Madero ya está resuelto: habrá más de 250 agentes porteños, con un centro de monitoreo propio y cámaras de seguridad. Lo de los dos asentamientos linderos sigue todavía en plena discusión. En principio, la idea es que la seguridad allí sea compartida, al menos en una primera etapa, por las fuerzas federales y de la Ciudad.

Con cientos de familias que viven a metros del Riachuelo, las villas 21-24 y Zavaleta cuentan con más de 40 mil habitantes entre los barrios de Barracas y Nueva Pompeya.

El “Operativo Unidad Cinturón Sur” por el que la Prefectura está a cargo de la seguridad en algunas zonas de La Boca, Barracas y Parque Patricios funciona desde el 4 de julio de 2011. Llegó casi junto al “Operativo Centinela” que consistió en el desembarco de gendarmes en el Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano, que todavía siguen ahí. Los dos, que significaron el desembarco de 2.500 agentes federales en el sur porteño, fueron creados bajo la gestión de la ex ministra Nilda Garré, en tiempos en los que la Policía Federal estaba a cargo de la seguridad en toda la Ciudad y la Metropolitana daba sus primeros pasos.

En 2017, el mismo año en que se creó la Policía de la Ciudad, el Gobierno de Mauricio Macri derogó el decreto que daba lugar a esos operativos y los calificó como “un mecanismo rígido de organización, con presencia estática y focalizada, sin alcanzar los objetivos pretendidos”.

En su lugar convocaron a un Centro de Planeamiento y Control para “intensificar el esfuerzo nacional de policía, y optimizar el servicio de seguridad ciudadana en cualquier lugar del territorio nacional en que ello resulte necesario”.

El objetivo de fondo de la gestión de la ex ministra Patricia Bullrich era que los gendarmes y prefectos volvieran a custodiar las fronteras, las rutas y los ríos. Pero las fuerzas federales nunca terminaron de irse del sur de la Ciudad.

El Gobierno nacional había adelantado su intención de empezar el traspaso justo hace un año. La llegada del coronavirus y la cuarentena obligatoria que rigió en el país a partir de marzo suspendieron esos planes.

En aquel momento, el retiro de la Prefectura de Puerto Madero iba a darse después de un episodio grave y llamativo para la zona: el crimen del turista británico Matthew Gibbard (50) en la puerta del Hotel Faena durante un ataque de motochorros, el 14 de diciembre de 2019. Ese año, los robos bajo esa modalidad se multiplicaron por cuatro.

Homicidios en alza

Ahora el traspaso llega después de una serie de homicidios en las villas 21-24 y Zavaleta también inusual para el promedio de los años anteriores. Fueron 22 en los últimos 14 meses, desde diciembre de 2019, cuando entre 2015 y 2019 habían sido 23, según fuentes judiciales. Es decir, en un año y dos meses hubo prácticamente la misma cantidad que en cuatro años. Al comparar 2019 contra 2020, el crecimiento es prácticamente el doble: 10 a 19.

Pero la inseguridad y la violencia en la zona no son las únicas variables en juego. El marco político también le agrega complejidad a la situación: los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández mantienen una disputa por los fondos de coparticipación destinados a la Policía de la Ciudad.

En diciembre, el Congreso convirtió en ley la quita de 1,2 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de seguridad, equivalentes a 65 mil millones de pesos. La medida se había implementado primero por decreto en septiembre, en medio de las protestas de la Policía Bonaerense en reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Con esa plata se financió el aumento otorgado por la Provincia a sus agentes.

La ley abría una mesa de diálogo entre Nación y Ciudad para discutir la transferencia de fondos por la seguridad. Pero en enero Rodríguez Larreta decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declararla inconstitucional. Mientras tanto, en el Gobierno porteño ven como una paradoja que en pocos días deberán hacerse cargo de más zonas pero con menos recursos que antes.

Hacia adelante, aparecen más incógnitas sobre lo que sucederá con la Gendarmería, sobre todo en la villa 1-11-14, donde enero arrancó con una seguidilla de homicidios vinculados a una guerra narco.

EMJ