Buscan recortarle la autonomía a Larreta, no sólo los fondos

El lema "el gobierno a la Corte" ha sido pronunciado varias veces en la Argentina a lo largo de la historia como remedio institucional. En estas horas es una descripción de la conducta concurrente del oficialismo y la oposición. Rodean al tribunal como árbitro de querellas, blanco de críticas y pararrayos contra arbitrariedades. Todos esperan del tribunal alguna salida que la política no provee, por incapacidad de habilitar canales de diálogo. Una manera de reconocerle, desde los otros poderes, una gravitación que ellos no tienen. El viernes los abogados del Banco Central le dieron los últimos hilvanes a la demanda que firmó el presidente Miguel Pesce, para reclamar contra el impuesto que les impuso la Legislatura porteña a transacciones financieras con Leliq y a los pases entre bancos. El paquete incluye un impuesto a las operaciones con tarjeta de crédito, del 1,2% de cada transacción (existe ya en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego), una suba de Ingresos Brutos a los bancos del 7% al 8% (Buenos Aires y Córdoba la llevan al 9%). Pesce esperó a que la Legislatura aprobase el polémico proyecto en la noche del jueves, y agotó los alegatos de oreja con alguna charla con Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno argumentó que era el recurso que tenía a la mano para recomponer las finanzas perforadas por el gobierno nacional, con la baja de la coparticipación y el corsé al financiamiento de la policía. "El impuesto ya existe en varias provincias como Córdoba, Tucumán y San Luis", argumentó Larreta. Pesce dijo desconocerlo. Comprensible porque el 90% de las transacciones gravadas se realiza en la ciudad de Buenos Aires, que es donde tienen sede los bancos y el gobierno nacional. Pesce respondió que el impuesto a los Ingresos Brutos a las tarjetas o a algunos pases financieros podía ser algo opinable y podía merecer un comentario del Central. Pero que gravar las transacciones con Leliq, es poner un palo en la rueda en un instrumento de regulación monetaria de la Nación. Según el escrito elaborado por los abogados del Central, esa ley excede las facultades de un estado provincial y cita jurisprudencia que sostiene que las provincias no pueden tomar este tipo de medidas.

No hay mesa donde negociar nada

En Olivos hacen silencio. Larreta hubiera querido negociar esa ley contra los recortes de fondos. Pero uno de los problemas del armado institucional del actual gobierno - una cooperativa tripolar entre Alberto, Cristina y Massa - es que no prevé ninguna mesa en donde se discutan este tipo de disidencias. Pesce, por su lado, también hubiera querido alguna conversación, más allá de la charla que tuvo con Larreta. ¿Con quién hay que negociar estas cosas? se preguntan de los dos lados. En Olivos se limitaron a consultarle a Pesce qué hará, como si se tratase de un problema ajeno. Una demanda, respondió. Los abogados de la CABA, que coordina el procurador Gabriel Astarloa, también van a la Corte en estas horas, contra la sanción de la ley de fondos policiales que votó el Senado. Será un segundo round de reproches contra la arbitrariedad de la Nación por no seguir la manda constitucional del "federalismo de concertación". Sin acuerdo previo no pueden ocurrir este tipo de quitas, dice esta parte. Ya hay una demanda anterior de la CABA por la quita de la coparticipación de un punto, del decreto 735, que contiene un pedido de amparo para frenar la detracción los fondos. La Corte no tiene prisa en encarar esa demanda, pese a que la ley policial del Senado la apuró la Nación ante el temor que el tribunal le diera la razón a Larreta, y detuviera el goteo diario de fondos al distrito. La Corte tiene un método muy cuidado de tratamiento de los conflictos federales, en los que tiene la competencia originaria. Considera que la CABA es, a estos respectos, como una provincia, pero que cualquier respuesta debe esperar a que se agoten instancias de negociación entre las partes, mediante audiencias públicas y privadas. Nada que pueda ocurrir antes de fin de año. Más bien los tiempos se extenderán más allá de la coyuntura actual. Ocurrió antes de 2015, cuando fallaron en favor de tres provincias (Santa Fe, Córdoba y San Luis) que habían reclamado años atrás por el recorte a la coparticipación, con destino al sistema tradicional ordenado por Néstor Kirchner.

El antiporteñismo: historia de una pasión cafierista

La Nación esconde detrás de la demanda del Central contra el impuesto a las Leliq un proyecto más viejo: recortar la autonomía de la ciudad, que tiene un retrato de época en la llamada ley Cafiero, que reglamentó la autonomía sancionada por la Constitución de 1994. El peronismo siempre avanzó sobre la autonomía, que los constituyentes elaboraron sobre experiencias de ciudades "libres", del modelo alemán "hanseático", como Bremen o Hamburgo, ciudades-estado, que más que un municipio y tienen rasgos forales por encima de una provincia. Una rareza institucional difícil de desmadejar con la pasión que le pone hoy el oficialismo y la oposición a la disputa por los fondos. En ese diseño confían los abogados de Larreta para que prosperen sus quejas, aunque no ocurrirá por ahora. El entuerto financiero con la Nación ha congelado las relaciones de todo tipo con el gobierno nacional, que intenta otra vez, y con un jefe de gabinete de apellido Cafiero, restarle más facultades a la ciudad en relación con el control y la vigilancia de los bienes y los regímenes legales de la Nación que están en el territorio del distrito federal. La anécdota para provechar es la pelea por el control de la seguridad en el velorio de Diego Maradona, en donde se arrojaron los cacharros por la cabeza entre la ciudad y la Nación. Sergio Massa, siempre atento a las ventajas, hizo subir a un palco, en la noche del jueves, a uniformados de la policía federal y de la ciudad para que recibieran un aplauso de los diputados, que discutían la despenalización del aborto, por la eficacia en el manejo del orden público alrededor del Congreso. Esa noche los activistas verdes y celestes habían abrazado el palacio del Congreso en respaldo de sus consignas.

Cortar fondos, cortar alas

Este envión del peronismo contra la autonomía de la CABA es un capítulo más del proyecto que nació apenas terminó la convención de 1994, para demoler los institutos creados por aquella reforma. El peronismo aceptó todo lo que quiso el radicalismo de Raúl Alfonsín en el Pacto de Olivos, a cambio de una sola cosa, la reelección presidencial para Carlos Menem. Pasado aquel momento, y obtenido el objetivo, el peronismo ha intentado demoler la mayoría de las reformas. La principal, la autonomía de la ciudad. El distrito federal históricamente fue patrimonio electoral de socialistas y radicales. Nunca los conservadores ni los peronistas ganaron elecciones allí. La autonomía aprobada en 1994 permitió la construcción de poder en el distrito, antes un coto de caza de los gobiernos nacionales, que designaban al intendente y desplegaban su política como en un patio trasero. Desde la reforma, la Argentina en tres turnos ha tenido presidentes de la Capital Federal. Dos de ellos, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, lograron sus cargos ganándole las elecciones al peronismo: 1) que gobernada el país y la provincia de Buenos Aires; 2) representado por dos gobernadores de Buenos Aires que además habían sido vicepresidentes, Duhalde y Daniel Scioli. Eso fue posible por la autonomía de la Ciudad, que permitió la construcción de poder político. Se entiende la inquina histórica del peronismo contra la autonomía porteña y explica también la urgencia que tiene por la demolición del fortín CABA, el distrito más importante que gobierna Juntos por el Cambio, el único que está en manos del Pro, y donde gobierna Larreta, que además juguetea con una candidatura presidencial para 2023.

Aniversario con alaridos

La Corte recobró fuerza ante los demás poderes del estado con el fallo en torno a los jueces Bruglia y Bertuzzi. Descalificó la suspensión de los traslados que había dispuesto el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Los declaró nulos y uno de sus integrantes, Elena Highton, avanzó más y declaró la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el Senado que controla Cristina de Kirchner. Se entiende que el tribunal haya sido el blanco principal del alarido que profirió la vicepresidente para celebrar el primer año de su gobierno. Cargó con nombre y apellido contra la Corte, con la acusación peregrina de que los jueces no son elegidos por el voto popular. Una extravagancia lamentarse de algo que está en la médula del sistema institucional. Para una abogada, exitosa o no, es como quejarse del sistema métrico decimal. A menos que se quiera leer esa acusación como una queja tópica de un procesado o un condenado (ella aún ejerce su derecho a la defensa) sobre los jueces y los fiscales, algo que es común escuchar en los calabozos de cualquier presidio. Es obvio que el encausado se queje del juez. Sería disparatado lo contrario, que el procesado elogiase a quien lo carga de cadenas.

Un ataque como el de Néstor en 2003

La Corte analizó el jueves, en charlas informales, ese alarido vicepresidencial, y lo consideró un ataque de la misma virulencia del que había hecho Néstor Kirchner en 2003 contra la Corte de Julio Nazareno, que precedió al juicio político y a las renuncias que cambiaron la integración del tribunal en el primer año del gobierno de Néstor. Las diferencias son evidentes: Kirchner heredó aquella guerra de su padrino Eduardo Duhalde, enfrentado con la Corte, que 1) estaba perforada por el desprestigio del gobierno de Menem y la leyenda de la "mayoría automática"; 2) en aquel momento la Corte discutía la dolarización de la economía, en un momento cuando el gobierno avanzaba a los tumbos hacia la pesificación. Esas excepcionalidades no ocurren en este momento. Tampoco hay votos para iniciar un juicio político a la Corte. Más cuando los reproches sobre persecución se basan en la apelación a una construcción periodística como es el "lawfare", que funciona como una hipótesis política. Es decir que no se puede probar y que, en todo caso, requiere una solución política. ¿Un indulto quizás?

Cristina entendió que la Corte no le va a dejar pasar nada

La justicia acumuló sentencias que muestran la voluntad de resistir: el rechazo de la suspensión de los traslados, el fallo que ratificó la sentencia contra Amado Boudou y el rechazo a medidas procesales de la defensa de Julio de Vido. En instancias inferiores, Casación ha ratificado la validez de las declaraciones de encartados por el caso "cuadernos", algo sólo posible con una señal favorable, de respaldo, de la Corte. A Cristina y a lo que ella represente, es una señal de que la Corte no está dispuesta a cederle un palmo. Esto explica la saña con la cual describe en ese documento que es el "alarido de Cristina" el perfil de cada integrante de la Corte, algunos de los cuales fueron designados por ella y su marido, como es el caso de Ricardo Lorenzetti. Conmueve la ingenuidad con la cual Cristina encuentra señales de solidez en leyendas periodísticas como el "lawfare" o "la mesa judicial de Macri" (contra la que inició una querella, cuando se trata de un invento del relato periodístico) o cuando critica una foto del presidente de la Corte con el juez brasileño Sergio Moro y el fallecido Claudio Bonadío. Como si esa imagen fuera un testimonio más que fotográfico. O cuando indica que Juan Carlos Maqueda fue designado en la Corte a propuesta de Eduardo Duhalde, a quien llama presidente "interino", otra calificación que creó el periodismo. Estas fragilidades explican la poca suerte que tiene Cristina en sus emprendimientos. Mal asesorada, nada le sale como ella quiere y su leyenda de infalibilidad estratégica es difícil de demostrar en logros: no pudo ser ni candidata a presidente, está multiprecesada, embargada, no puede salir del país sin permiso de los jueces a quienes insulta. La contracara de un político exitoso.

¿Por qué Alberto la hace sufrir tanto?

Según la percepción de Cristina, la justicia, encabezada por la Corte, es el instrumento de intereses económicos que fueron lesionados por su gobierno, como la estatización de las jubilaciones. Es comprensible que ella se queje, abrumada por procesamientos que la llevan a juicio sin que el gobierno que ella integra haga nada. Es posible entender ese ataque a la Suprema Corte, que el mensaje individualiza en cada uno de sus miembros, es: 1) una revelación de impotencia política; 2) un mensaje a Alberto Fernández por consentir los dichos de su ministro del Interior de que en la Argentina hay presos políticos. Si los hubiera, ¿no va él a hacer nada? La queja más severa de su "alarido" dice: "Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”. El presidente miró para otro lado; dijo que la justicia no anda bien y que es corporativa. Una nadería de panelista en un país en donde nada anda bien, no sólo la justicia, y en un mundo en donde los poderes tienen conducta corporativa, la justicia, el fútbol, los partidos políticos, los pintores, de brocha fina y de brocha gorda. Los fantasiosos ven en este minué un acercamiento de Cristina a un indulto. Si Alberto cree que ella es una perseguida política y que en la Argentina hay presos políticos, ¿por qué perpetúa su sufrimiento, si tiene a mano una herramienta como es el perdón presidencial? No lo hace: 1) por el desprestigio que echaría sobre su gestión, ya herida por rayaduras y abollones, no sólo en la carrocería; 2) porque sostener el statu quo heredado es una herramienta que tiene para manterla a raya a Cristina y sus fantasías hegemónicas. Detrás de esta mirada hay otro dilema: ¿Cristina es alguien que quiere avanzar o que se quiere retirar? Si la polvareda que levanta es de alguien que quiere entrar en el juego político, un indulto la descalificaría de manera terminal. Si lo que quiere es salirse del escenario, un indulto sería una forma pacífica de decir adiós. No es una figura que muestre proyectos, más allá de su agenda personal, ni posicionamientos ligados al interés público Es una estilista del “posicionamiento”, esa virtud que tanto valora el peronismo de estar en la posición adecuada en el momento oportuno.

Cambiemos y el cristinismo abortan la suspensión de las PASO

La puja ahora la libran el oficialismo y la oposición en torno a la realización de las PASO. La mesa nacional del Pro se mostró en Vicente López el viernes con una foto de familia junto a Macri, con el objeto de relanzar el rechazo a la suspensión de las primarias en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos ya rechazó el proyecto en el orden nacional y como domina el Senado bonaerense, le basta con eso para que la suspensión que quieren Alberto y Massa, aunque no el cristinismo, no prospere. El sector anti-Paso del gobierno está hoy sindicado en un grupo de gobernadores que apoyan la idea de Alberto de suspenderlas por este turno electoral. No les cuesta mucho porque a la mayoría de las provincias las primarias no les cambia la vida. El grupo de apoyo a esa iniciativa que fogonea Santiago Cafiero en nombre de Alberto se reunió el viernes en el Chaco, con motivo del lanzamiento de la liga de los gobernadores del Norte Grande - Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y Gustavo Sáenz (Salta)-. Manzur es el encarado de la redacción del proyecto que hizo circular durante la semana el diputado por Tucumán Pablo Yedlin. La cautela en avanzar obedece al rechazo que esa iniciativa tiene en el cristinismo de la provincia de Buenos Aires. Yedlin discutió la letra de ese proyecto en medio de la sesión del aborto - era además el informante de la iniciativa como presidente de la comisión de Salud. Actúa como delegado del nuevo padrino en la justicia electoral, que es Manzur desde que asumió el nuevo camarista del fuero Daniel Bejas. La consigna de Olivos es minimizar el costo político de la iniciativa. Si es muy caro me lo congelan, dicen por allí. Ya Máximo Kirchner (a) El Ausente – restó presencia a la sesión del aborto, siempre tiene algo más importante que hacer - le hizo saber a la oposición que tiene un solo acuerdo con ellos: tratar antes del 3 de enero (día cuando vence el protocolo para sesiones en Diputados) dos proyectos, aborto y fórmula jubilatoria. Lo demás, son fantasías de Alberto y de Massa, que los separan del cristinismo, que quiere mantener las PASO en la provincia. Para Cambiemos ese sistema es una oportunidad para ordenar filas; para el cristinismo es la forma de asegurar el crecimiento para confrontar con los dinosaurios del peronismo (los intendentes) y el massismo. Esa coincidencia entre Juntos por el Cambio y el cristinismo ha bastado para que la iniciativa vuelque. La aborta en la provincia de Buenos Aires, que es el electorado más grande.

Los enganchados de Néstor

En ese distrito, además, las primaria están enganchadas con las del orden nacional. El artículo 2° de la norma provincial las hace depender a una de la otra, cuando dice: "Cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día" (ley 14086). Es una inocentada con historia porque es algo que los dirigentes del peronismo intentaron desbaratar en 2009 para separar la elección nacional de la provincial. La sanción en el senado provincial en 2009 dejaba librada la separación a la voluntad del gobernador, con el mismo sentido como quiso María Eugenia Vidal en 2019. Era poco después de la derrota electoral del trío Kirchner-Massa-Scioli en las legislativas, y Néstor se ocupó de que la ley fuera revisada para pegar las dos elecciones, contra lo que habían votado en el Senado por moción de Alberto Balestrini y Francisco Scarabino, vicegobernador y presiente de la cámara alta. Néstor forzó la revisión de esa cláusula en Diputados y el Senado, en la segunda revisión aprobó el enganche después de una gestión de Carlos Zannini y del apoderado Jorge Landau. Néstor siempre creyó que los peronistas de Buenos Aires le jugaban en contra con el doble juego. Ahora estas tramas vuelven al Congreso, aunque nadie da mucho, hasta ahora, por ese proyecto.